La Directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Embajadora Carmen Hertz, participó en la firma del acuerdo de solución amistosa entre el Estado de Chile y los ex funcionarios de Carabineros y sus cónyuges, quienes mantenían un litigio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 1999, donde alegaban ser víctimas de la vulneración de sus garantías judiciales tras ser removidos de la Institución "por sus deficientes calificaciones".
En representación del Estado de Chile, firmaron un texto de acuerdo junto a la Directora de Derechos Humanos, la Subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco y el General Subdirector de Carabineros (S), General Inspector Samuel Cabezas y la Corporación de Interés Público, representada por los abogados Sergio Espejo y Domingo Lovera; y por otra parte, el Estado de Chile (con los mismos firmantes) con la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), representado por el abogado Federico Aguirre. Los acuerdos firmados con ambas agrupaciones que integran a los ex funcionarios de carabineros demandantes y sus cónyuges, contienen el mismo texto, el que significa que la causa no continuará en la CIDH y que el Estado de Chile reconoce que se vulneraron los derechos fundamentales de estos funcionarios, quienes recibirán una compensación económica (US$17.000 en el caso de los ex funcionarios y US$3.000 en el de sus mujeres)
La Embajadora Hertz, que fue parte en la búsqueda de una solución, ya que el caso estaba radicado en la CIDH, declaró su complacencia "por haber llegado a esta solución amistosa donde el Estado de Chile reconoce públicamente la vulneración de garantías de los peticionarios, en que hay una carta de disculpas públicas firmada por la Subsecretaria de Carabineros, en que hay reparación económica a los peticionarios, y otras garantías como el compromiso del Estado a revisar el Reglamento de Calificación de Carabineros, de manera de hacerlo más garantista".
El acuerdo contempla, además de la reparación económica y el reconocimiento público de la responsabilidad por parte del Estado, medidas de no repetición, en que el Estado se compromete a revisar disposiciones legales y reglamentarias en procesos de calificación y promoción; medidas de reparación particular, donde el Estado asume el compromiso de retirar los antecedentes administrativos, dejando constancia de los hechos; publicar el acuerdo en el Diario Oficial y el acceso a las prestaciones de Salud en los hospitales de Carabineros y DIPRECA para los funcionarios afectados y sus cónyuges, sin necesidad de un patrocinador.
Asimismo, la comisión que integra a los representantes del Estado de Chile, efectuará un seguimiento para que se cumplan correctamente las disposiciones establecidas en el texto suscrito.
En la oportunidad, los ex carabineros, sus cónyuges y los abogados representantes se mostraron satisfechos con el acuerdo obtenido y destacaron la voluntad de los representantes del Estado de llegar a esta solución. Al respecto, la Embajadora Hertz sostuvo que "al firmar la solución amistosa, entendemos que los contenidos han sido aceptados y yo quisiera recordar que internamente, el proceso de calificación que afectó a los funcionarios de Carabineros, fue ratificado por la Corte Suprema, que rechazó los recursos de protección que en su momento los funcionarios de Carabineros interpusieron, por lo tanto es muy importante que el Estado, aún cuando sus instituciones internas refrendaron la salida de los funcionarios de Carabineros, se haya abocado a una solución amistosa y haya optado por este camino y no por el camino de la confrontación ante la Comisión Interamericana".
Por su parte, la Subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, aprovechó la oportunidad para pedir directamente disculpas a los ex funcionarios y sus familiares, señalando que "puede parecer un gesto tan básico, pero que para ustedes no es menor, porque hay un proceso que en su momento se hizo mal, que a ustedes les costó años y que hubo una violación de Derechos y que creo es un paso importante también para ustedes para cerrar un ciclo".
El 4 de Agosto de 1999 la CIDH, recibió una petición en contra del Estado de Chile en la cual ex funcionarios de Carabineros denunciaban haber sido víctima de un proceso calificatorio defectuoso por el que fueron dados de baja o expulsados de la Institución. Además, alegaban la violación de sus garantías judiciales, de la protección a la honra y la dignidad, así como la protección a la familia e igualdad ante la ley. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró admisible esta petición , argumentando que el Estado de Chile no había respetado estas Garantías Constitucionales al grupo de peticionarios. Por su parte, el Estado de Chile alegó que nunca existió violación a los Derechos Humanos, por lo que inició un proceso de diálogo y entendimiento destinado a desarrollar diálogos y acuerdos fundados en el respeto a los Derechos Humanos establecidos en la Convención de la CIDH y otros instrumentos interamericanos, finalizando hoy el proceso con la firma de solución amistosa.